Los mecanismos alternativos de solución de conflictos en la contratación estatal
A medida que ha ido creciendo la importancia de la temática contractual del Estado por las implicaciones políticas, económicas y sociales que ella genera, crece igualmente la trascendencia jurídica de la misma y aumenta la preocupación por revisar, con mayor frecuencia, las tendencias de la experien...
- Autores:
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Ostau de Lafont Pianeta, Rafael Enrique
- Tipo de recurso:
- Doctoral thesis
- Fecha de publicación:
- 2019
- Institución:
- Universidad Externado de Colombia
- Repositorio:
- Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/16783
- Acceso en línea:
- https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/16783
https://doi.org/10.57998/bdigital/handle.001.2770
- Palabra clave:
- Conciliación - Derecho penal
Derechos humanos - Aspectos jurídicos
Políticas de desarrollo - Legislación
Estructura estatal
Conflictos
Derecho fundamental
Conciliación judicial
- Rights
- openAccess
- License
- http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Summary: | A medida que ha ido creciendo la importancia de la temática contractual del Estado por las implicaciones políticas, económicas y sociales que ella genera, crece igualmente la trascendencia jurídica de la misma y aumenta la preocupación por revisar, con mayor frecuencia, las tendencias de la experiencia que acumula la aplicación de la legislación vigente sobre la materia, para verificar el cumplimiento de los fines perseguidos, con la adopción de la regulación correspondiente. Dentro de este contexto, la normativa sobre la contratación estatal en Colombia ha sido particularmente sometida a un riguroso escrutinio y adecuación a los cambiantes perfiles que la institución acoge como consecuencia de las enseñanzas recibidas de la múltiple gestión de la “cosa pública”, acompasada con las nuevas orientaciones impuestas por el desarrollo de los fundamentos sustentadores de la organización del Estado Social de Derecho, implantadas con la promulgación de la Carta Constitucional de 1991. Precisamente, consideraciones como las que preceden fundamentan la decisión del constituyente primario de recuperar para el Congreso de la República una trascendente misión, al imponerle la función de adoptar un Estatuto General de la Contratación Pública, aplicable con criterio universal para todas las entidades del Estado1, buscando con ello no solo superar una antitécnica y dispersa proliferación normativa, sino, fundamentalmente, con el propósito de establecer criterios de unificación en torno a una política pública propiciadora de un mayor grado de eficiencia funcional, especialmente en el uso y destino de los recursos estatales. |
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