La valoración de los actos y omisiones de la administración pública como regla para la verificación judicial de la ruptura de la buena fe objetiva como fuente de responsabilidad del estado colombiano en los casos de ausencia de la forma escrita en el contrato estatal

El documento aborda la importancia de la confianza en el tráfico jurídico, destacando su relevancia en las relaciones entre individuos y en el ordenamiento jurídico colombiano. La buena fe, como principio esencial, guía las interacciones, estableciendo la obligación de actuar con lealtad, honestidad...

Full description

Autores:
Otálora Guerrero, Pedro Alejandro
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2024
Institución:
Universidad Externado de Colombia
Repositorio:
Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/16341
Acceso en línea:
https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/16341
https://doi.org/10.57998/bdigital/handle.001.2355
Palabra clave:
Responsabilidad contractual - Aspectos jurídicos
Administración pública - Legislación
Responsabilidad penal - Estudios de caso
Confianza
Buena fe
Deber de coherencia
Responsabilidad del Estado
Rights
openAccess
License
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Description
Summary:El documento aborda la importancia de la confianza en el tráfico jurídico, destacando su relevancia en las relaciones entre individuos y en el ordenamiento jurídico colombiano. La buena fe, como principio esencial, guía las interacciones, estableciendo la obligación de actuar con lealtad, honestidad y diligencia. En el contexto estatal, el artículo 83 de la Constitución de Colombia establece que las acciones de particulares y la administración pública deben ceñirse a los postulados de la buena fe. El documento examina la tensión entre los principios de buena fe y solemnidad en la prestación de servicios al Estado, explorando la posible responsabilidad patrimonial en caso de ruptura de la buena fe. Se destaca la ausencia de formalidades plenas y los comportamientos que van en contra el deber de coherencia, concluyendo que la ruptura de la buena fe puede generar daño antijurídico, obligando al Estado a indemnizar según el artículo 90 constitucional.