La responsabilidad del Estado por actuaciones administrativas disciplinarias del Ministerio Público contra servidores públicos de elección popular (2023)
En un estado social de derecho se tiene como pilar la democracia participativa: los ciudadanos tienen el derecho político de poder postularse y ser elegidos por voto ciudadano a cargos públicos (Artículo 40 constitucional). La Constitución de 1991 establece en cabeza del Ministerio Público la facultad administrativa de imponer sanciones disciplinarias a quienes desempeñen funciones públicas (artículos 277.6 y 278.1). Por su parte, la Convención Americana de Derechos Humanos establece en su artículo 23.2 que la sanción de suspensión y/o inhabilitación para ejercer derechos políticos no puede ser impuesta sino a través de una condena judicial por juez penal. En este sentido, el propósito de este trabajo es determinar cuál es el alcance de la responsabilidad del Estado (interna e internacional), en cabeza del Ministerio Público como autoridad administrativa, derivada del ejercicio de su función sancionatoria disciplinaria por restricción de derechos políticos de los servidores públicos de elección popular, teniendo en cuenta los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional colombiana.