El alcance del incentivo económico de las acciones populares, en vigencia de la ley 1425 de 2010

El trabajo realiza el estudio y análisis de la figura jurídica del incentivo económico en la acción popular, consagrada en los artículos 34, 39 y 40 de la Ley 472 de 1998, frente a la derogatoria de los dos últimos por la Ley 1425 de 20102, y establecer la viabilidad jurídica de su reconocimiento. E...

Full description

Autores:
García Galvis, María Milena
García Galvis, Milena Mireya
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2011
Institución:
Universidad Externado de Colombia
Repositorio:
Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/14125
Acceso en línea:
https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/14125
https://doi.org/10.57998/bdigital/handle.001.517
Palabra clave:
Actos jurídicos
Derechos humanos
Derecho civil - Legislación
Acción popular
Incentivo
Ley 1425 de 2010
Recompensa
Rights
openAccess
License
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Description
Summary:El trabajo realiza el estudio y análisis de la figura jurídica del incentivo económico en la acción popular, consagrada en los artículos 34, 39 y 40 de la Ley 472 de 1998, frente a la derogatoria de los dos últimos por la Ley 1425 de 20102, y establecer la viabilidad jurídica de su reconocimiento. En ese sentido, el planteamiento del problema jurídico se refiere a la posibilidad de otorgar el estímulo a partir del panorama de la figura jurídica luego de la expedición de la reciente Ley. El artículo 34 de la Ley 472 de 1998 dio origen al incentivo3, entendido como un premio o estímulo que se concede al demandante quien en ejercicio de la acción popular logra salvaguardar y proteger derechos e intereses colectivos4; a través del cual, además, el ciudadano ejerce un control social sobre los abusos y arbitrariedades de las autoridades en perjuicio del interés público. A su turno, la Ley 1425 del 29 de diciembre de 2010, derogó expresamente los artículos 39 y 40 de la Ley 472 de 1998 que establecían los parámetros para fijar el monto de dicho estímulo y los requisitos tratándose de acciones populares por vulneración al derecho colectivo de la moralidad administrativa.