Control del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre la administración pública

La notoriedad de las sentencias proferidas por la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) en casos como el de Petro Urrego vs. Colombia, sumada a la resolución de seguimiento en la cual se indicó el incumplimiento del Estado colombiano de la orden de adecuación de su normativa interna al text...

Full description

Autores:
Restrepo Medina, Manuel Alberto
Tipo de recurso:
Part of book
Fecha de publicación:
2022
Institución:
Universidad Externado de Colombia
Repositorio:
Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/12384
Acceso en línea:
https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/12384
https://doi.org/10.57998/bdigital.handle.001.12384
Palabra clave:
Colombia - Administración pública
Tribunales internacionales
Procedimiento administrativo - Colombia
Sistema Interamericano de Derechos Humanos
Control de convencionalidad
Administración pública
Colombia
Rights
openAccess
License
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Description
Summary:La notoriedad de las sentencias proferidas por la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) en casos como el de Petro Urrego vs. Colombia, sumada a la resolución de seguimiento en la cual se indicó el incumplimiento del Estado colombiano de la orden de adecuación de su normativa interna al texto de la Convención Americana de Derechos Humanos conforme a la interpretación efectuada por ese tribunal internacional, sirven de contexto para plantear la pregunta sobre la manera como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) ejerce control sobre la Administración pública colombiana. Para dar respuesta al interrogante planteado, primero se presenta el contexto institucional del SIDH para, a partir de las competencias de los órganos que lo conforman, explicar cómo el instrumento en que se concreta su control sobre la Administración pública es el control de convencionalidad, manifestado tanto en la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas con un enfoque de derechos humanos, como en la tramitación de los procedimientos administrativos garantizando el debido proceso legal.