El principio de legalidad: una necesaria restricción a la aplicación de la doctrina de los actos propios en la contratación estatal

La jurisprudencia nacional ha aplicado la regla “contra factum proprium quis venire non potest”, en el ámbito de la contratación estatal, con fundamento en el principio de la buena fe. Esta regla dio lugar a la formulación del principio de la confianza legítima para dotar de eficacia jurídica a aquellas situaciones en las cuales un sujeto de buena fe creyó estar bajo el amparo y protección del Estado. No obstante, estas importantes aplicaciones de la buena fe quedan en discusión cuando se advierte comprometida la validez del contrato estatal. Para garantizar la eficacia de las normas imperativas que rigen la configuración del contrato estatal debe primar el principio de legalidad y, en consecuencia, restringirse la aplicación del principio de confianza legítima que en condiciones normales le impediría a la Administración ir en contra de sus propios actos. 

• Autores: Torres-Acosta, Luisa Alexandra
• Tipo de recurso: Article of journal
• Fecha de publicación: 2016
• Institución: Universidad Externado de Colombia
• Repositorio: Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/25699
• Acceso en línea: https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/25699; https://doi.org/10.18601/21452946.n15.12
• Palabra clave: contrato estatal; validez de los actos unilaterales de la Administración; principio de legalidad; principio de la buena fe; confianza legítima; doctrina de los actos propios; Public Procurement; Validity of Bilateral Acts; Principle of Legality; Principle of Good Faith; Legitimate Expectations; Own Acts Doctrine.
• Rights: openAccess
• License: http://purl.org/coar/access_right/c_abf2