La democracia ambiental y el Acuerdo de Escazú en Colombia a partir de la Constitución Ecológica de 1991
Este artículo tiene como objetivo argumentar que, si bien Colombia cuenta con un marco jurídico avanzado respecto de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales, así como sobre las personas defensoras del ambiente, basado en la Constitución Polí...
- Autores:
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Muñoz Ávila, Lina
Lozano Amaya, María Alejandra
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2021
- Institución:
- Universidad Externado de Colombia
- Repositorio:
- Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/11391
- Acceso en línea:
- https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/11391
https://doi.org/10.18601/01229893.n50.07
- Palabra clave:
- Environmental democracy;
environmental information;
public participation;
environmental justice;
environmental
human rights defenders;
Ecological Constitution;
Escazú Agreement
Democracia ambiental;
información ambiental;
participación pública;
justicia ambiental;
personas defensoras del ambiente;
Constitución Ecológica;
Acuerdo de Escazú
- Rights
- openAccess
- License
- Lina Muñoz Ávila, María Alejandra Lozano Amaya - 2021
| Summary: | Este artículo tiene como objetivo argumentar que, si bien Colombia cuenta con un marco jurídico avanzado respecto de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales, así como sobre las personas defensoras del ambiente, basado en la Constitución Política, su implementación efectiva presenta grandes desafíos que podrían ser superados a través de la ratificación del Acuerdo de Escazú en esta materia. Este instrumento regional puede servir como una herramienta para mejorar los estándares ya alcanzados para la protección del ambiente en el país. Con base en la investigación realizada, se concluye que el tratado es completamente compatible con la Carta Política y es un potencializador del mandato constitucional. Su ratificación significaría un paso hacia el fortalecimiento de varios ejes estructurales de la Constitución de 1991 y demostraría coherencia entre los mismos. La implementación jurídica del Acuerdo de Escazú es una oportunidad única para reafirmar los compromisos contenidos en la Constitución Ecológica, treinta años después de su promulgación. |
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