La legitimidad democrática de la Corte Interamericana y del ordenamiento jurídico colombiano frente a incompatibilidades en los derechos políticos

Con la ratificación por parte del Estado colombiano de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estado Colombiano se obligó a cumplir el tratado, así como a realizar las adecuaciones del ordenamiento jurídico interno cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos – Corte IDH– lo dispon...

Full description

Autores:
Vanegas Ávila, Oscar Fernando
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2023
Institución:
Universidad Externado de Colombia
Repositorio:
Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/14372
Acceso en línea:
https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/14372
https://doi.org/10.57998/bdigital/handle.001.674
Palabra clave:
Derechos humanos
Derechos civiles
Derecho administrativo
Control de convencionalidad
Legitimidad democrática
Derechos Políticos
Restricción de los derechos políticos
Convención Americana sobre Derechos Humanos
Rights
openAccess
License
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Description
Summary:Con la ratificación por parte del Estado colombiano de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estado Colombiano se obligó a cumplir el tratado, así como a realizar las adecuaciones del ordenamiento jurídico interno cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos – Corte IDH– lo disponga al juzgar un caso. Sin embargo, en caso de presentarse una tensión entre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos –SIDH– y la Constitución Política Colombiana, ¿qué sistema jurídico cuenta con mayor legitimidad democrática? Para determinar lo anterior, se entra a analizar qué es el control de convencionalidad y los diferentes controles que existen tanto en sede interna como en sede externa. Posteriormente, se abarca el estudio de la legitimidad democrática de la Constitución de 1991 y del SIDH, en el cual se introduce un nuevo concepto denominado legitimidad de la Corte IDH, de acuerdo con el grado democrático de los Estados que se obligaron mediante la celebración, ratificación o adhesión a la Convención, para luego estudiar los derechos políticos, la jurisprudencia de la Corte IDH y sus restricciones en el ordenamiento jurídico colombiano.