Revisión jurídica de la función de resolución de controversias a cargo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia

Este artículo pretende contextualizar al lector en los orígenes de las comisiones de regulación en Colombia a la luz de la expedición de la Constitución Política de 1991, haciendo énfasis en el sector de las comunicaciones con el fin de sentar las bases de una discusión jurídica que gira en torno al...

Full description

Autores:
Gómez Castrillón, Andrés Fernando
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2024
Institución:
Universidad Externado de Colombia
Repositorio:
Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/25192
Acceso en línea:
https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/25192
Palabra clave:
Telecomunicaciones - Legislación
Telecomunicaciones - Aspectos constitucionales
Industria de telecomunicaciones – Aspectos jurídicos
Comisiones de Regulación
Independencia administrativa
Función pública y administrativa
Controversias contractuales
Rights
openAccess
License
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Description
Summary:Este artículo pretende contextualizar al lector en los orígenes de las comisiones de regulación en Colombia a la luz de la expedición de la Constitución Política de 1991, haciendo énfasis en el sector de las comunicaciones con el fin de sentar las bases de una discusión jurídica que gira en torno al porqué la Comisión de Regulación de Comunicaciones – en adelante CRC -, a pesar de no contar con el reconocimiento constitucional que merece, pero estando dotada de autonomía administrativa por ser una Unidad Administrativa Especial del Orden Nacional, debe dirimir controversias entre particulares e intervenir en los acuerdos y contratos privados que éstos celebren a través de la expedición actos administrativos que logran intervenir el principio de la autonomía de la voluntad privada que rige, per se, los acuerdos o los contratos que celebran los particulares cuyas diferencias deberían ser objeto de pronunciamiento de los jueces, con el fin de revisar jurídicamente si esta potestad no le pone en posición de arrogarse funciones y competencias propias del poder judicial o de la justicia arbitral de cara a la garantía del derecho constitucional y fundamental al debido proceso y la seguridad jurídica que debe revestir las decisiones que como autoridad adopta para una correcta administración de justicia.