Estado actual del control de convencionalidad a la restricción de derechos políticos en la investigación y sanción de funcionarios públicos de elección popular en Colombia
En un Estado Social de Derecho, el Control de Convencionalidad juega un papel importante en la medida que le permite al Estado ajustar sus normas y actuaciones internas a lo establecido en la Convención. En el caso de Colombia, hay sentencias de la Corte Constitucional que puntualmente se han referi...
- Autores:
-
Rojas Diaz, Fabian Guillermo
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Universidad Externado de Colombia
- Repositorio:
- Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/14424
- Acceso en línea:
- https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/14424
https://doi.org/10.57998/bdigital/handle.001.716
- Palabra clave:
- Derechos humanos
Colombia - Corte Suprema de Justicia
Derecho público
Control de convencionalidad
Convención Americana de Derechos Humanos
Derechos políticos
Potestad disciplinaria
Reserva judicial
- Rights
- openAccess
- License
- http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
| Summary: | En un Estado Social de Derecho, el Control de Convencionalidad juega un papel importante en la medida que le permite al Estado ajustar sus normas y actuaciones internas a lo establecido en la Convención. En el caso de Colombia, hay sentencias de la Corte Constitucional que puntualmente se han referido a la aplicación del control de convencionalidad y la constitucionalidad de las facultades de la Procuraduría General de la Nación, como encargado de adelantar procesos disciplinarios en contra de servidores públicos de elección popular e imponer en algunos casos sanciones de destitución e inhabilidad general para desempeñar cargos públicos, aun cuando estos se encuentra en ejercicio del cargo de mandato popular. Ahora último, nos encontramos ante un panorama en el que el representante del Ministerio Público parece no querer cumplir las decisiones de la CIDH en tal sentido, y la Corte Constitucional por su parte deja en evidencia la imposibilidad por parte de la Procuraduría para imponer sanciones que afecten los derechos políticos de los ya electos sin que esto sea inconstitucional, creando para tal fin un remedio legal consistente en la modificación de la norma disciplinaria vigente hasta tanto esto no sea regulado por el Congreso a mayor profundidad. |
|---|