El derecho a la vivienda digna dentro de las competencias municipales de ordenación del territorio

Hoy en día, el derecho a una vivienda digna es considerado como un elemento esencial del concepto de hábitat y, además, como un requisito indispensable en la lucha contra la pobreza. Esto ha contribuido sin duda a la constitucionalización de este derecho por parte de algunos Estados y Colombia no ha...

Full description

Autores:
Robledo Silva, Paula
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2010
Institución:
Universidad Externado de Colombia
Repositorio:
Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/9122
Acceso en línea:
https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/9122
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/view/442
Palabra clave:
Pobreza
Estado Social de Derecho
vida digna
derechos económicos
sociales y culturales
derecho a una vivienda digna
competencias municipales.
Rights
openAccess
License
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Description
Summary:Hoy en día, el derecho a una vivienda digna es considerado como un elemento esencial del concepto de hábitat y, además, como un requisito indispensable en la lucha contra la pobreza. Esto ha contribuido sin duda a la constitucionalización de este derecho por parte de algunos Estados y Colombia no ha sido indiferente ante esta tendencia; es así como el derecho a una vivienda digna alcanzó el status de derecho fundamental. Nuestro ordenamiento jurídico ha asignado un papel protagónico a los municipios en la promoción, protección y garantía del derecho a una vivienda digna. Sin embargo, para que este derecho realmente se materialice en prestaciones concretas a favor de los más pobres es necesario que el Estado (tanto el gobierno nacional como los gobiernos locales) diseñe políticas públicas eficaces en materia de vivienda; que el Congreso de la República al legislar proteja este derecho; que se asignen recursos suficientes para el cumplimiento de dichas políticas y de los mandatos legislativos; y que se garantice judicialmente la titularidad y el goce efectivo de este derecho.