Prevaricación: plus de antijuridicidad (2013)
Ya en su momento el profesor Eduardo Montealegre Lynett como candidato a la Fiscalía General de la Nación dijo ante la Corte Suprema de Justicia que uno de los problemas fundamentales del actual Código Penal es su incompatibilidad con los nuevos criterios de imputación que imponen los estándares internacionales y la Constitución de 1991. La función jurisdiccional se ha transformado toda vez que los jueces en general fungen, en el mismo sentido que la Corte Constitucional, como garantes de la primacía de la Constitución sobre las demás normas y de la realización de los derechos fundamentales, a través del control difuso de constitucionalidad y de la acción de tutela. Ello pone de manifiesto un aspecto importante de la denominada constitucionalización del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, la nueva realidad jurídica impuesta por el actual modelo de Estado obliga a replantear el injusto del delito de prevaricato para no configurarlo a partir de la comparación de la decisión con la ley, sino con los valores y principios constitucionales que determinan un nuevo sistema de fuentes que expresan un marco de consenso y unidad, ya no formal, sino material, donde coexisten diversas posturas acerca de la justicia. Lo que pretendemos es configurar el injusto del prevaricato, conforme a esos estándares internacionales, al modelo de Estado que se impone.