El control de constitucionalidad como potestad innata del juez popular en la guarda del derecho colectivo a la moralidad administrativa en el contrato estatal
Uno de los interrogantes que esta investigadora se planteó respecto del ejercicio de la función administrativa en el país, fue la coexistencia de un sistema político como el adaptado en Colombia, de Estado Social de Derecho, a través de la Carta Política de 1991, y el crecimiento desmesurado de la c...
- Autores:
-
Sierra Valencia, Luz Elena
- Tipo de recurso:
- Doctoral thesis
- Fecha de publicación:
- 2018
- Institución:
- Universidad Externado de Colombia
- Repositorio:
- Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/16784
- Acceso en línea:
- https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/16784
https://doi.org/10.57998/bdigital/handle.001.2771
- Palabra clave:
- Contratos públicos - Colombia
Responsabilidad contractual - Aspectos jurídicos
Contratos - Legislación
Estado social de derecho
Derecho de participación ciudadana
Nuevo perfil del juez constitucional
Control de constitucionalidad
Contrato estatal
- Rights
- openAccess
- License
- http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Summary: | Uno de los interrogantes que esta investigadora se planteó respecto del ejercicio de la función administrativa en el país, fue la coexistencia de un sistema político como el adaptado en Colombia, de Estado Social de Derecho, a través de la Carta Política de 1991, y el crecimiento desmesurado de la corrupción de la actividad administrativa, convivencia que aparece injustificable, frente al reconocimiento constitucional de los derechos de la ciudadanía, y el nuevo rol del juez en este esquema político, el que comprende amplios poderes para su preservación en caso de un grave riesgo. Es un hecho incontrovertible que el fenómeno de la corrupción ha alcanzado niveles trasnacionales, y ha permeado no sólo a los órganos público-estatales, sino a las organizaciones privadas, atentando contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos. Por dicha razón, principios como el de la democracia participativa, el respeto a la dignidad humana y la prevalencia del interés general encuentran soporte en un paradigma ético el que rechaza toda acción u omisión que implique prácticas corruptas, las que se encuentran normalmente inmersas en las diferentes funciones estatales, tales como, la planeación, el presupuesto, la gestión de recursos humanos, la administración de recursos físicos y el control fiscal, pero es en la contratación estatal donde resulta más evidente la injerencia de estas prácticas. Son destacables las actuaciones que se han adelantado a nivel internacional de países como Colombia para tratar de erradicar la corrupción de la actividad administrativa, incluida la contractual, las que han derivado la celebración de convenios de cooperación internacional para la persecución y captura de las personas que incurren en esas prácticas delictuales, así como el compromiso de incorporar disposiciones sobre el rescate de la ética en los procedimientos administrativos en general, incluido el de adjudicación, ejecución y liquidación de los contratos estatales. No obstante, se requiere que el juez encargado de la guarda de los derechos colectivos, como el de la moralidad administrativa, ejerza un papel más decisivo en la lucha contra la corrupción en la actuación contractual pública, poderes que a juicio de esta investigadora devienen directamente de la concepción del Estado Social de Derecho, sin que sea necesaria una disposición legal que así lo declare. Una de las primeras dificultades que se encontró la investigadora en este estudio, es la inexistencia de un concepto preciso sobre lo que debe entenderse como “moralidad administrativa”, pues no lo hizo el legislador, y la jurisprudencia, aunque ha hecho esfuerzos para ello, no lo ha logrado. Otra dificultad fue la poca doctrina existente sobre el tema objeto de investigación, pues en legislaciones extranjeras si bien, existe consagrada un medio procesal similar a la acción popular para preservar los derechos colectivos, no existe para la revisión de contratos públicos que atenten contra el derecho a la moralidad administrativa. La principal herramienta para esta investigación fue la jurisprudencia nacional, así como también la doctrina tanto nacional como extranjera sobre los temas conexos al tema principal. Con todo el material utilizado, pudo demostrarse que efectivamente el juez administrativo en ejercicio del control de constitucionalidad dentro del marco de la acción popular, tiene facultad innata para pronunciarse sobre la validez de una actuación contractual, así como emitir otras decisiones consecuenciales frente a los derechos de las partes del contrato, todo con el fin de preservar el derecho colectivo a la moralidad administrativa. |
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