El control de convencionalidad de las facultades de la Procuraduría General de la Nación frente al artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos : un análisis del cumplimiento del fallo Petro Urrego vs. Colombia tras la expedición de la Ley 2094 de 2021 y la Sentencia C-030 de 2023
El fallo Petro Urrego vs. Colombia estableció la obligación de modificar el sistema jurídico colombiano y adaptarlo a lo establecido por el artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La Corte IDH fijó una interpretación literal de este artículo, estableciendo que es inviable limit...
- Autores:
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Gálvez Alzate, María Alejandra
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Universidad Externado de Colombia
- Repositorio:
- Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/14675
- Acceso en línea:
- https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/14675
https://doi.org/10.57998/bdigital/handle.001.1335
- Palabra clave:
- Derecho internacional
Derechos humanos - Aspectos jurídicos
Laudo arbitral
Control de convencionalidad
Derechos políticos
Control automático de legalidad
Responsabilidad internacional
- Rights
- openAccess
- License
- http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
| Summary: | El fallo Petro Urrego vs. Colombia estableció la obligación de modificar el sistema jurídico colombiano y adaptarlo a lo establecido por el artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La Corte IDH fijó una interpretación literal de este artículo, estableciendo que es inviable limitar derechos políticos de funcionarios de elección popular por la comisión de un delito sino solo por un juez penal. Colombia expidió la Ley 2094 de 2021 atribuyendo facultades jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación, para así obtener atributos que le permitieran destituir e inhabilitar servidores de elección popular. La reciente Sentencia C-030 de 2023, declaró inexequible dichas facultades jurisdiccionales y estableció que la Procuraduría General de la Nación sí tiene competencia para destituir e inhabilitar pero que, en el caso de servidores de elección popular, su sanción estaría supeditada al control automático de un juez administrativo. El presente artículo expone de forma crítica las razones por las que el Estado colombiano continúa incumpliendo las obligaciones contempladas en el fallo Petro Urrego vs. Colombia y establece el control de convencionalidad difuso como una solución temporal a dicho incumplimiento para evitar la comisión de un hecho internacionalmente ilícito que genere responsabilidad internacional de Colombia. |
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