Medida privativa de la libertad en centro carcelario : ¿es necesaria para retirar del cargo a funcionarios públicos?

Las medidas de aseguramiento son herramientas dispuestas por el legislador para salvaguardar estrictamente fines constitucionales. Para ello, la misma Constitución Política de Colombia, en su Artículo 250, facultó a la Fiscalía General de la Nación para ejercer la acción penal, y con ella poder solicitar estas medidas cuando se considere posible que el investigado no comparezca al proceso, se pueda ver afectada la conservación de la prueba, o se pretenda proteger a la comunidad y en especial a las víctimas, exigiendo para ello siempre que se soporte los elementos materiales probatorios. Sin embargo, en la actualidad, las privativas de la libertad resultan ser las principalmente invocadas por el ente acusador, al punto de que, en la práctica, son casi una regla general, y las no restrictivas son la excepción. Cuando el investigado es un funcionario público lo anterior puede tener su razón de ser en el hecho de que, hoy día, con la finalidad de evitar la continuación de su actividad delictual, o las labores que emprenda para ocultar, destruir o deformar elementos probatorios importantes para la instrucción, o entorpecer la actividad probatoria, no existe en la Ley 906 de 2004 una medida de aseguramiento consistente en el retiro del cargo.

• Autores: Artega Ardila, Marcela Sofía
• Fecha de publicación: 2024
• Institución: Universidad Externado de Colombia
• Repositorio: Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/16406
• Acceso en línea: https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/16406; https://doi.org/10.57998/bdigital/handle.001.2412
• Palabra clave: Acción penal - Estudios de caso; Función pública - Legislación; Derecho procesal - Colombia; Medidas de aseguramiento; Presunción de inocencia; Derecho a la libertad; Proporcionalidad
• Rights: openAccess
• License: http://purl.org/coar/access_right/c_abf2