Política criminal y enfoques diferenciales (2024)
En un Estado social de derecho y democrático, el deber ser es la aplicación del derecho penal como última ratio. Sin embargo, en Colombia y en general en América Latina el uso irracional y desproporcionado del poder punitivo se ha generalizado. Por esta razón el Centro de Investigación en Política Criminal de la Universidad Externado ha insistido en la necesidad de reorientar la política criminal hacia una más humanista cuyo eje central sea el de la dignidad humana, como principio general del trato debido a las personas privadas de la libertad frente a la vulneración sistemática de sus derechos fundamentales. En el ámbito universal, las Reglas Nelson Mandela, las Reglas Bangkok, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de la Libertad establecen la adopción de medidas positivas para poblaciones con necesidades particulares. En este mismo sentido, la Corte Constitucional en sus diferentes autos de seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional penitenciario y carcelario en Colombia ha reiterado que hay poblaciones dentro de la cárcel que están en una situación de vulnerabilidad acentuada frente a otras personas privadas de la libertad, como son las mujeres, la población indígena, la población en situación de discapacidad, la población lgbtiq+, los adultos mayores, entre otras. En este mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva OC-29/22 sobre enfoques diferenciados respecto de determinados grupos de personas privadas de la libertad, reconoció que el Estado en su posición de garante debe procurar las condiciones mínimas compatibles con la dignidad de las personas privadas de la libertad, para garantizar que las circunstancias específicas de determinadas poblaciones no afecten la igualdad de condiciones con las demás personas privadas de la libertad.