La vulneración al debido proceso en materia de administración de justicia penal por el desconocimiento de la jurisprudencia del Consejo de Estado : repercusiones en el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual del Estado

El registro presupuestal es el documento mediante el cual una Entidad Pública compromete definitivamente un gasto con cargo a su respectivo presupuesto. A pesar de la simplicidad en su definición, el papel del registro o compromiso presupuestal ha jugado un papel importante en materia no solo de con...

Full description

Autores:
Rubiano Vega, Esteban
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2024
Institución:
Universidad Externado de Colombia
Repositorio:
Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/26430
Acceso en línea:
https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/26430
Palabra clave:
Presupuesto nacional -- Colombia
Contratos administrativos -- Aspectos jurídicos -- Colombia
Funcionarios públicos – Aspectos jurídicos -- Colombia
Registro presupuestal
Debido proceso
Contrato estatal
Responsabilidad
Rights
openAccess
License
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Description
Summary:El registro presupuestal es el documento mediante el cual una Entidad Pública compromete definitivamente un gasto con cargo a su respectivo presupuesto. A pesar de la simplicidad en su definición, el papel del registro o compromiso presupuestal ha jugado un papel importante en materia no solo de contratación estatal, sino también en el ámbito del derecho penal. Lo anterior, por cuanto el Consejo de Estado a partir del año 2006, indicó que este documento hace parte de los requisitos de ejecución del contrato público, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia hasta el año 2017 consideró que el mismo era un requisito de perfeccionamiento, motivo por el cual se condenaban funcionarios públicos por el delito de contrato sin requisitos legales a falta de registro presupuestal. Lo anterior, desencadena una serie de incógnitas en relación con el debido proceso, la responsabilidad patrimonial del Estado y con las demás herramientas existentes en el derecho colombiano para sancionar funcionarios sin necesidad de recurrir al derecho penal, herramienta que debe ser entendida como ultima ratio.