La indebida integración normativa por parte de los jueces en los proceso ejecutivos de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo : un escenario de inseguridad jurídica

La seguridad jurídica se entiende como un marco de protección y certeza dentro del ordenamiento jurídico, estrechamente relacionado con el debido proceso y vinculado a otros principios como la igualdad y la legalidad, entre otros. Es innegable que existen situaciones jurídicas en las que se puede vu...

Full description

Autores:
Bermúdez García, Carlos Alberto
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2023
Institución:
Universidad Externado de Colombia
Repositorio:
Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/14434
Acceso en línea:
https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/14434
https://doi.org/10.57998/bdigital/handle.001.725
Palabra clave:
Derecho público
Derecho penal
Sentencias
Seguridad jurídica
Proceso judicial
Proceso ejecutivo
Principios del derecho
Rights
openAccess
License
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Description
Summary:La seguridad jurídica se entiende como un marco de protección y certeza dentro del ordenamiento jurídico, estrechamente relacionado con el debido proceso y vinculado a otros principios como la igualdad y la legalidad, entre otros. Es innegable que existen situaciones jurídicas en las que se puede vulnerar el principio de seguridad jurídica. En el caso de la Jurisdicción Contenciosa, encontramos un escenario en el cual esta garantía está comprometida debido a la falta de una regulación especial del proceso ejecutivo. Se pudo concluir que el legislador intentó abordar el vacío legal en el proceso ejecutivo de la Jurisdicción Contenciosa Administrativo mediante la Ley 2080 de 2021. Aunque esta ley ayudó a aclarar algunas dudas sobre el proceso ejecutivo, no logró subsanar todas las deficiencias que existen. Por lo tanto, todavía es necesario recurrir al Código General del Proceso a través de la remisión expresa en materia de procesos ejecutivos, ya que el CPACA no cuenta con una norma procesal especial para este tipo de procesos. Esto se hace con el objetivo de proteger las garantías materiales de los derechos sustanciales de los usuarios de la administración de justicia, en virtud del principio de seguridad jurídica.