La intervención de la corte constitucional ante la inactividad del legislador colombiano. Una cuestión de legitimidad.

El activismo judicial y la omisión legislativa son ejemplos cada vez más frecuentes, de las tensiones que pueden surgir entre los poderes públicos judicial y legislativo, sin embargo, el problema se presenta a partir de la idea de legitimidad de la Jurisdicción Constitucional. En efecto, “como custo...

Full description

Autores:
Aguas Polanía, Jose Luis
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2015
Institución:
Universidad Externado de Colombia
Repositorio:
Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/16820
Acceso en línea:
https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/16820
https://doi.org/10.57998/bdigital/handle.001.2803
Palabra clave:
Problemas políticos y poder judicial - Aspectos constitucionales - Colombia
Acto de estado - Aspectos constitucionales - Colombia
Derechos humanos - Protección - Colombia
Jerarquía normativa - Aspectos constitucionales - Colombia
ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas
Omisión legislativa
Activismo judicial
Poder contramayoritario
Constitucionalización
Carencia normativa
Rights
openAccess
License
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Description
Summary:El activismo judicial y la omisión legislativa son ejemplos cada vez más frecuentes, de las tensiones que pueden surgir entre los poderes públicos judicial y legislativo, sin embargo, el problema se presenta a partir de la idea de legitimidad de la Jurisdicción Constitucional. En efecto, “como custodios de la Constitución los jueces solo defienden y hacen efectiva la voluntad popular” ante la amenaza o la vulneración de un derecho fundamental; siendo este el punto de partida, se pondrá en evidencia que “los jueces constitucionales tienen el poder de proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos (y de las minorías políticas) contra las mayorías políticas (aun cuando democráticamente elegidas), es decir, contra el legislador” cuando se constata su omisión frente a su obligación de desarrollar la constitución a través de leyes; y además, que se justifica el carácter contramayoritario del poder judicial, versus el carácter representativo del congreso, teniendo en cuenta que “las decisiones mayoritarias no reflejan siempre preferencias colectivas racionales”.