Asignación de funciones jurisdiccionales a entidades administrativas: desde una aproximación a nociones del contrato social al caso colombiano de violación de derechos fundamentales en el marco del decreto ley 4334 de 2008

Este artículo estudia la asignación de funciones jurisdiccionales a entidades administrativas desde la teoría del contrato social. Se hace una comparación de formas de asignación de funciones jurisdiccionales con otros países, para luego examinar el Decreto Ley 4334 de 2008 – expedido en estado de e...

Full description

Autores:
Naranjo Vallejo, Juan Pablo
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2024
Institución:
Universidad Externado de Colombia
Repositorio:
Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/16914
Acceso en línea:
https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/16914
https://doi.org/10.18601/16923960.v24n1.04
Palabra clave:
Public Law,
Comparative Law,
Due process,
Fundamental Rights,
Social Contract,
Antitrust Law,
Business Law
Derecho público,
Derecho Comparado,
Debido proceso,
Derechos fundamentales,
Contrato Social,
Derecho de la Competencia,
Derecho Societario.
Rights
openAccess
License
Juan Pablo Naranjo Vallejo - 2024
Description
Summary:Este artículo estudia la asignación de funciones jurisdiccionales a entidades administrativas desde la teoría del contrato social. Se hace una comparación de formas de asignación de funciones jurisdiccionales con otros países, para luego examinar el Decreto Ley 4334 de 2008 – expedido en estado de excepción, para acusar y juzgar a las personas que incurriesen directa o indirectamente en actos de captación masiva de dineros no autorizada del público y la sentencia C-145 de 2009 que lo declaró exequible. En esta dirección, se examina si el Decreto Ley 4334 de 2008, al otorgar funciones jurisdiccionales al ejecutivo, cumple con lo dispuesto en la Convención Interamericana de Derechos Humanos en relación con las garantías de los derechos fundamentales. Para finalizar, se expone un conflicto positivo de competencia de las decisiones jurisprudenciales entre la Superintendencia de Sociedades, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia que limita aún más el acceso a la justicia a los intervenidos y que permite concluir, con apoyo del teorema de la probabilidad matemática, que no hay medio de defensa efectivo.