La apropiación irregular de baldíos en el contexto del ius puniendi : reflexiones desde una lectura crítica en Colombia

Habiendo identificado por parte del Estado un crítico aumento de la deforestación y la necesidad de controlarla, el Estado expidió la Ley 2111 de 2021, por medio de la cual se sustituyó el Título XI del Código Penal colombiano, se modificó la Ley 906 de 2004 y se dictaron otras disposiciones. Una de...

Full description

Autores:
Correa Medina, Jaime Augusto
Tipo de recurso:
Part of book
Fecha de publicación:
2022
Institución:
Universidad Externado de Colombia
Repositorio:
Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/13080
Acceso en línea:
https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/13080
https://doi.org/10.57998/bdigital.handle.001.13080
Palabra clave:
Tierras baldías - Colombia
Zonas rurales - Colombia
Desarrollo agrícola - Colombia
Desarrollo rural - Colombia
Baldíos
Apropiación irregular
Adjudicación
Constitucionalidad
Populismo punitivo
Rights
openAccess
License
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Description
Summary:Habiendo identificado por parte del Estado un crítico aumento de la deforestación y la necesidad de controlarla, el Estado expidió la Ley 2111 de 2021, por medio de la cual se sustituyó el Título XI del Código Penal colombiano, se modificó la Ley 906 de 2004 y se dictaron otras disposiciones. Una de sus normas creó dos nuevos tipos penales: i) la apropiación ilegal de baldíos, en su artículo 337, y ii) la financiación de la apropiación ilegal de baldíos, como medio para proteger el ambiente sano como bien jurídico. De allí dimana la necesidad de analizar los tipos penales introducidos, partiendo de los conceptos extrapenales (propios del derecho agrario) que definen su configuración, tales como baldío, los requisitos para obtener su adjudicación como ámbito del riesgo permitido y el analisis, desde una lectura crítica, de la conveniencia de su expedición desde en una perspectiva constitucional y de frente al derecho penal, como última ultima ratio, teniendo en cuenta el principio de intervención mínima como límites del legislador, y su incidencia en la política criminal a la hora de efectuar el etiquetamiento de las conductas constitutivas de delitos.