Responsabilidad de las personas jurídicas en la legislación Colombiana. Vacío jurídico e impunidad en la legislación existente (2017)
Las empresas como personas jurídicas son actores importantes de la sociedad y de la economía. Estas se caracterizan por sus estructuras complejas, dentro de las cuales se desarrollan múltiples actividades, que son ejecutadas por una gran cantidad de personas que realizan funciones diferentes y asumen diversos roles dentro de estas organizaciones. En ese contexto, es importante tener presente que “los sistemas de organización y división de trabajo dentro de las estructuras corporativas dificultan de sobremanera la atribución de responsabilidades a personas físicas”1. Este es sin duda un desafío muy grande para ellas, para la sociedad, para el Derecho y para el Estado, ya que atribuir niveles de responsabilidad penal en personas jurídicas es algo que, si bien es muy complejo, resulta ser necesario; en especial cuando se trata de encontrar responsables del mayor nivel de responsabilidad, es decir, de determinar los responsables de delitos cometidos por una empresa o más bien en el marco de las actividades ligadas a una empresa. Como toda actividad social que es regulada por el Estado, se pueden tener muchas posiciones. En los sistemas de derecho positivo propios de la tradición continental europea, como en Colombia, las posturas más rígidas con relación a la imposibilidad de reconocer responsabilidad penal a las personas jurídicas, basadas en los fundamentos de la dogmática penal tradicional, parten del principio de que las sociedades no tienen capacidad de delinquir. Esta posición jurídica parte del presupuesto: Societas delinquere non potest, lo que significa en principio que las personas jurídicas no pueden delinquir, por lo tanto, el derecho penal no las va a tomar como sujetos activos que cometen delitos, así estos tengan lugar dentro de la ejecución de las actividades de la empresa, sean realizados por los empresarios o por sus representantes legales.