Análisis de los principios generales del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) en Colombia, con énfasis en el principio de prevención, solidaridad y obligatoriedad (2020)
La salud en Colombia, es considerada uno de los aspectos de mayor impacto en la vida de las personas, por cuanto representa la forma en que el Estado adquiere y gestiona los recursos para financiar el sistema de salud y el modelo de atención (forma en que se desea que se atiendan los pacientes) y en ese orden de ideas, el presente documento pretende entrever la forma en que el Estado distribuye y ejecuta las funciones pertinentes para garantizar que los recursos permitan a la población civil tener acceso al modelo de atención. Por medio de la Ley 100 de 1993, se logró un avance importante en el Sistema Nacional de Salud (SNS), pasando a ser un Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), esta transformación permitió concentrar más argumentos legales en el desarrollo de la protección del derecho a la salud, que es por demás un derecho fundamental protegido y regulado, tal y como lo establece la OMS. Sin embargo, es la Constitución Política de 1991, la que, ha logrado mediante sus principios y fundamentos, garantizar las condiciones mínimas requeridas para que las instituciones y actores del sistema de salud, concedan por derecho el acceso a los servicios de salud, articulados bajo mecanismos de regulación, prevención y seguimiento tanto a las responsabilidades que ejerce cada uno desde su rol, como a las acciones y programas que se establecen para tal fin. 7 Por otra parte, se observa la repetida situación de quejas de usuarios de la salud por el servicio insatisfactorio y hasta casi nulo por parte de Entidades Promotoras de Salud (EPS) y los Institutos Prestadores de Salud (IPS), quienes se perciben más interesados en el hacer de la salud un negocio que un beneficio para los colombianos; y en relación a dicho beneficio, se plantea que la salud como derecho fundamental en Colombia, ha sido objeto de una transformación constante, como resultado del activismo judicial de la Corte Constitucional, y que de manera consecuente ha llevado a que los prestadores de los servicios de salud y quienes los defienden, le bajen el ritmo al argumento de desregularización que proponen para sectores como este.