Caracterización de empresas acogidas a la Ley 550 de 1999 en Barranquilla : caso Condimentos Winsor Hugo Ortiz Arizala & Cía. S. en C. en acuerdo de reestructuración (2010)
La Ley 550 de 1999 [1], nació el 30 de diciembre de dicho año como consecuencia directa de un grave panorama económico. La pérdida de dinamismo de la actividad económica colombiana, un aparato productivo subutilizado (aproximadamente una quinta parte de la fuerza laboral cesante), la crisis financiera mundial de 1998, así como los desequilibrios macroeconómicos que se fueron gestando durante los noventa, el conflicto armado y la incertidumbre política, pueden citarse como los factores determinantes que llevaron al país a la contracción económica de final de siglo. Además, el deterioro creciente de las finanzas públicas, el elevado déficit en la cuenta corriente y la caída del ahorro privado [2] se sumaron a este cóctel desastroso, que para los empresarios del país fue uno de los tragos más amargos de la historia reciente. Ante semejante situación, la Ley 550 contempló que los mecanismos de salida debían ser negociados en forma extrajudicial, además convenían desarrollarse usando más eficientemente los recursos vinculados a la actividad empresarial, y mejorar la competitividad, con la finalidad de promover y facilitar la reactivación empresarial y la reestructuración de las empresas y entes territoriales, asegurando de esta forma la función social de las mismas y el desarrollo armónico de las regiones [3]. Buscando aprovechar los citados beneficios de la Ley 550 de 1999, en el año 2003, Condimentos Winsor Hugo Ortíz Arizala & Cía. S. en C., empresa manufacturera del sector alimentario, se acogió bajo un Acuerdo de Reestructuración, producto de su incapacidad para el cumplimiento de sus obligaciones financieras, relacionada principalmente con su pobre respuesta ante la competencia, pérdida de mercados y elevados costos operativos.