Estudio del impacto que generan las politicas asistencialistas aplicadas a los niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado en la zona centro de Colombia para el periodo 2011-2019, en el marco de la ley 1448 de 2011. (2019)
El conflicto armado que ha vivido Colombia data de hace más de 50 años y no ha tenido distinción alguna de clase social y género, pero si tiene un factor común y es que la gran mayoría de víctimas del conflicto han vivido en las zonas rurales de los 1.102 municipios con los que cuenta el territorio nacional. Esta investigación se enmarca en el periodo comprendido por la Ley 1448 de 2011 (2011 – 2021) y las víctimas de reclutamiento forzado que hacen parte de su registro. El fenómeno que se ha presentado y que se presenta con mayor frecuencia es el Desplazamiento Forzado, es el hecho victimizante que mayor reconocimiento e impacto ha tenido y por el cual se destinan la mayor cantidad de recursos por parte del estado para atender las emergencias humanitarias derivadas de ese hecho. Los grupos armados ilegales han aprovechado el alto grado de vulnerabilidad de los hogares víctimas del conflicto, para reclutar de manera indiscriminada a los menores y de esa forma incrementar el número de combatientes a sus filas. ¿Pero dónde están los programas que atienden a las víctimas de reclutamiento forzado? Esa pregunta nos la hemos hecho nosotros como investigadores y también como ciudadanos, pero solo a través de la firma del acuerdo de paz se ha visibilizado un poco esta problemática que ha afectado de manera directa a los niños, niñas y adolescentes del país. La competencia de atender a las menores víctimas recae sobre el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) y la UARIV (Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas). Es preciso aclarar que los programas y rutas de atención establecidas tanto por el ICBF como por la UARIV, tienen limitaciones y un número importante de la población total afectada no puede acceder a los mismos. Esto obedece en gran medida al desconocimiento por parte de las víctimas acerca de la oferta institucional con la que cuenta cada una de esas entidades y que posterior al proceso de desvinculación, es podría ofrecer mejores oportunidades y condiciones de vida. Por otro lado, el ritmo y estilo de vida que estos menores han llevado dentro de las filas de los grupos armados al margen de la ley, les impide tener una mentalidad un poco más abierta y crítica respecto de todas las actividades que se pueden realizar en un entorno en el que nadie los va a llamar o tildar como ex guerrilleros, ex combatientes. Es importante complementar que durante su transito por las filas de los grupos armados ilegales, ellos han adquirido una independencia tanto económica como intelectual. Su pensamiento respecto de lo que es la vida como civil, no representa nada interesante ni llamativo para muchos de ellos, ya que dentro de las filas tienen poder de mando, dinero, libertad, armas y han recibido la información de que no hay nada mejor que la vida en el monte. Y eso se evidencia fundamentalmente en las declaraciones rendidas por cada uno de esos menores desvinculados, al momento de acogerse a las medidas de atención y reparación integral con que cuenta el ICBF y la UARIV. Se les ofrece una atención psicológica, un acompañamiento por parte del ICBF y un recurso económico que se entrega por una única vez y corresponde a valor actual de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes. Para ellos es una suma irrisoria, ya que han manifestado que eso se lo pueden ganar fácilmente en uno o dos meses de trabajo dentro de las filas de los grupos armados ilegales. Ese ha sido uno de los factores más difíciles para poder cambiar la percepción que se tiene respecto de volver a ser parte de la sociedad civil en general. Todos los puntos relacionados en esta investigación tienen como precedente lo establecido por la Ley 1448 de 2011, respecto de la atención que deben recibir los niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado interno en Colombia. A través de esta investigación, ahondaremos en los puntos álgidos y los puntos fuertes que tiene el proceso de atención a este tipo de población vulnerable y las características o requisitos mínimos que se requieren para acceder a los beneficios otorgados por el estado.