Ley 550 como mecanismo de prevención contra el cierre de empresa y su incidencia en los entes territoriales (2001)
La Ley 550 de 1999, llamada Ley de Intervención Económica, donde se establece un régimen que facilita y promueve la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones, fue creada a causa de la difícil situación que ha enfrentado el país en los últimos años, golpeando al sector productivo de la economía, lo que ha ocasionado un número creciente de concordatos, liquidaciones y numerosas dificultades a las empresas, con la consecuente reducción en la capacidad de generar empleos. La crisis empresarial generalizada, debe afrontarse con instrumentos que no tengan la naturaleza de procesos jurisdiccionales, es decir, que debe consagrarse la desjudialización de los mecanismos de recuperación empresarial; y como alternativa al concordato vigente se propone un acuerdo entre los acreedores de la empresa que es una convención colectiva vinculante para el empresario y todos los acreedores.