El sistema constitucional para el juzgamiento penal de los aforados, sus fallas, y sus oportunidades de mejora

En los últimos años se han venido presentando casos en los que se pone en entredicho la honorabilidad de los altos mandos del estado colombiano y se les ha llegado a investigar y condenar por la presunta comisión de delitos relacionados con la corrupción política que ha estado vinculada tanto con la apropiación de recursos del patrimonio público, como con el pago de coimas para lograr corromper a los jueces con el objetivo de torcer el resultado de sus providencias, entre otro tipo de delitos que han vinculado a estos sujetos. La existencia de estos casos ha dejado en evidencia falencias en el sistema penal constitucional, que es especial para los aforados, y que ha traído como resultado esperado que se proyecte la impunidad en los procesos dado que el sistema como está concebido permite de facto el cambio de jueces que ha llevado a que los implicados en la comisión de los presuntos delitos elijan el que presumen que les es más favorable. Por una parte, existe un sistema exclusivo para los altos funcionarios de la rama ejecutiva, y los demás órganos de control; y por otra, para los de la rama legislativa; en ambos casos, hay formas de llegar a una justicia más laxa y complaciente a los propósitos de los presuntos corruptos. Si queremos que se concrete una justicia penal efectiva para los altos mandos del Estado colombiano debemos propender porque el sistema para llegar a ella esté cuanto más sea posible blindado de ser cooptado por los poderosos, quienes por esta misma calidad que ostentan tienen mayor capacidad para acomodar fichas y torcer jueces y fiscales. Así las cosas, es supremamente importante que las investigaciones penales, de principio a fin, sean llevadas por individuos que sean completamente independientes de los demás poderes del Estado. La independencia de la rama judicial es, entonces, crudamente relevante, diría incluso por encima de la que debería existir entre el congreso y el ejecutivo que por sus lazos comunicativos naturales son más propensos a tener mayor relacionamiento. Para que esto sea posible es necesaria una reforma al sistema penal constitucional para juzgar a los aforados de la rama ejecutiva exceptuando al presidente, y la legislativa, es de anotar que dicho resultado solo es posible con la anuencia de los directamente interesados de mantener el statu quo, es por este motivo que tal cambio constitucional es improbable e intuyo solo ha de ser posible por medio de una presión concreta por parte del pueblo organizado. Son varios los casos que han quedado en evidencia en los últimos años que colocan este tema sobre la mesa. Es importante que la justicia sea capaz de alcanzar a todos los miembros de la sociedad y por lo tanto es necesario que el sistema se blinde cuanto más sea posible de los escapes jurídicos que brinda la ley hoy en día y que se prestan para que abogados astutos logren evadir la condena de sus representados por dicho medio. Con el fin de ahondar en este asunto a continuación revisaremos casos que en respecto de este tema se han presentado frente a los ojos del pueblo colombiano dada la prominencia de sus implicados.

• Autores: Montoya Ortega, Fernán Alexander
• Fecha de publicación: 2021
• Institución: Universidad Simón Bolívar
• Repositorio: Repositorio Digital USB
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:bonga.unisimon.edu.co:20.500.12442/9457
• Acceso en línea: https://hdl.handle.net/20.500.12442/9457
• Palabra clave: Bloque de constitucionalidad; CADH; Control de convencionalidad; Aforados; Juicio penal
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• License: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional