Aplicación de la ley 1437 de 2011 en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos (2020)
Es un tema común y más cotidiano de lo que parece dentro del ejercicio del derecho: La confusión de los procedimientos correctos a aplicar ante cualquier situación jurídica sin importar la jurisdicción, la autoridad y el momento en la que se esté presentando. Esto sucede porque muchas veces no se posee la claridad suficiente de los trans fondos o bases legales al momento de aplicar o invocar una normatividad, y se limitan a un concepto general sobre la actuación a enfrentar. Muestra de lo anterior son los actos administrativos emitidos por las autoridades que ejercen sus funciones en entidades situadas en jurisdicciones distintas a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, como son los defensores de familia en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, comisarios de familias entre otros. Estos actos administrativos así como también las autoridades que los emiten solo se miran desde un enfoque universal, siendo necesario conocer en primer lugar, además del acto administrativo desde el punto de vista global de la jurisdicción contencioso administrativa y la autoridad administrativa que lo emite, el procedimiento administrativo realizado y la entidad de donde proviene, en otras palabras, la jurisdicción en la que nació, y así no pretender aplicar normas generales obviando la existencia y el respeto en cada jurisdicción por la primacía de las normas especiales. Fruto de lo anterior es el caso presentado en el desarrollo de un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, donde se toman conceptos generales como el del acto administrativo propio de la jurisdicción contenciosa administrativa y se cree poder dar aplicación en su naturaleza nata, obviando que el proceso descrito es propio de la jurisdicción de familia y que, por esta razón, es necesaria su aplicación bajo los parámetros por esta jurisdicción establecidos. Esto conlleva a la esperanza de la aplicación de una norma general sobre una especial, contrario a lo estipulado por el cuerpo normativo colombiano. A su vez, se pretende realizar un proceso regulado por una jurisdicción especial, bajo ordenamientos de otra jurisdicción, pasando por alto la Entidad administrativa encargada y sus autoridades legitimadas para el correcto desarrollo de un Proceso de Restablecimiento de Derechos. Por ello, basado en un método y un enfoque hermenéutico, este artículo tiene como objetivo el estudio normativo de la jurisdicción contenciosa administrativa, la Ley 1437 de 2011, y su alcance aplicativo dentro de un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos establecido en la jurisdicción de familia, para su correcto desarrollo y desenvolvimiento por medio de las leyes y normas propias establecidas para su aplicación, la entidad estatal facultada y las autoridades administrativas competentes, por medio igualmente, de un análisis jurídico sobre la aplicación de la Ley 1437 de 2011 en el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos desde la ley, la jurisprudencia y la doctrina que giran en torno de los Proceso que adelantan las Autoridades administrativas. En consecuencia, es necesario la apertura por medio del análisis de conceptos como el de jurisdicción, pasando por la normatividad general que para el caso es la Ley 1437 de 2011 y la naturaleza y aplicación de los actos administrativos; continuación de lo anterior, se estudia la jurisdicción competente en la que fue establecida por la legislación colombiana el desenvolvimiento de un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, es decir, la jurisdicción de familia, además de la entidad estatal y las autoridades facultadas para dentro de este proceso, como el que se adelanta ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y sus autoridades adscritas, como por ejemplo, el Defensor de Familia. Luego entonces, tener una mirada clara y amplia de la correcta aplicación normativa que, para el caso, además, son las leyes especiales conformadas por aquellos pronunciamientos emanados por la autoridad autorizada para este fin.