Análisis documental de las responsabilidades generales del auditor según la NIA 200 y su influencia en la transparencia y gestión de las empresas públicas (2024)
Este estudio analiza cómo las responsabilidades generales del auditor, establecidas en la Norma Internacional de Auditoría (NIA) 200, influyen en la transparencia y la gestión de las empresas públicas. La auditoría desempeña un papel clave en la rendición de cuentas y la eficiencia administrativa, asegurando la confianza ciudadana en la gestión de los recursos públicos. La NIA 200 enfatiza principios como el escepticismo profesional, la ética y el cumplimiento normativo, fundamentales para fortalecer la gobernanza y la credibilidad institucional. La metodología empleada consistió en una búsqueda documental estructurada a través de bases de datos académicos como Google Académico y la Federación Internacional de Contadores (IFAC). Se seleccionan fuentes que relacionan la NIA 200 con la transparencia en la gestión pública, categorizando la información en tres ejes: aspectos normativos de la NIA 200 y su impacto en la auditoría, aplicación en empresas públicas y relación entre auditoría, transparencia y gestión pública. El marco teórico se fundamenta en estudios de organismos internacionales y expertos en auditoría. El International Auditing and Assurance Standards Board (2013) destaca la NIA 200 como pilar de las auditorías de calidad. El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (2024) resalta el escepticismo profesional como garantía contra fraudes. Osorio Sanabria & Barreto Granada (2022) y Giménez Chornet (2017) subrayan la auditoría como mecanismo esencial para la transparencia en la gestión pública. Adams (2015) y Macías Ugalde et al. (2020) evidencian su impacto en la estabilidad financiera y la confianza ciudadana. Los hallazgos muestran que la aplicación de la NIA 200 fortalece los sistemas de control interno, optimiza la toma de decisiones y mejora la transparencia institucional. La auditoría no solo verifica estados financieros, sino que también fomenta la eficiencia administrativa y la rendición de cuentas, generando un entorno de mayor confianza y legitimidad en la gestión de los recursos públicos.