El debido proceso en el derecho disciplinario en Colombia

En Colombia los cambios significativos contenidos en la Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único y la ley 1952 de 2019 Código General disciplinario y posterior a ello la ley 2094 de 2021 han traído modificaciones , estos cambios tan recientes en materia legislativa podrían dejar vacíos normativos...

Full description

Autores:
Quintero Sánchez, Luis Fernando
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2021
Institución:
Corporación Universitaria Remington
Repositorio:
Repositorio institucional Uniremington
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.uniremington.edu.co:123456789/185
Acceso en línea:
https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/185
Palabra clave:
Constitución política
Derecho de defensa
Derecho disciplinario
Código Disciplinario Único
Rights
closedAccess
License
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
Description
Summary:En Colombia los cambios significativos contenidos en la Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único y la ley 1952 de 2019 Código General disciplinario y posterior a ello la ley 2094 de 2021 han traído modificaciones , estos cambios tan recientes en materia legislativa podrían dejar vacíos normativos que pueden exponer a los sujetos procesales titulares de la acción disciplinaria ante situaciones que pueden socavar sus derechos fundamentales, tales como el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho de defensa , principio de legalidad, entre otros, principios, derechos y garantías que a la luz de la Constitución Política y de los tratados internacionales suscritos por Colombia deben estar siempre presentes en las actuaciones donde se adelante cualquier actuación judicial o administrativa, por lo tanto en aras de garantizar que ese debido proceso o más bien ese proceso debido sea llevado a cabo de manera imparcial por quien hace las veces de juez o de operador disciplinario se deben garantizar unos derechos y unas etapas, ciñéndose a lo establecido en el ordenamiento jurídico colombiano a fin de evitar interpretaciones erróneas o vacíos normativos en el momento de disciplinar y administrar justicia, que puedan ir en detrimento de los derechos del sujeto disciplinable, a la luz de las sentencias sobre el debido proceso que ha desarrollado la Corte Constitucional en Colombia como máxima guardiana de la integridad y supremacía de la carta política.