Procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales en Colombia

En este informe, se estudia la procedibilidad de la acción de tutela frente a las decisiones de los jueces y magistrados, o providencias judiciales, como mecanismo de protección ante la vulneración de derechos fundamentales al momento de que sea proferida una sentencia judicial por diferentes causal...

Full description

Autores:
Sosa Jaramillo, Betty
Galvis Villegas, Leidy Tatiana
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2022
Institución:
Corporación Universitaria Remington
Repositorio:
Repositorio institucional Uniremington
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.uniremington.edu.co:123456789/3386
Acceso en línea:
https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3386
Palabra clave:
Acción de tutela
Control constitucional
Providencias judiciales
Acción de tutela
Providencias judiciales
Control de constitucionalidad
Rights
closedAccess
License
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
Description
Summary:En este informe, se estudia la procedibilidad de la acción de tutela frente a las decisiones de los jueces y magistrados, o providencias judiciales, como mecanismo de protección ante la vulneración de derechos fundamentales al momento de que sea proferida una sentencia judicial por diferentes causales ya sean genéricas o especiales. Se describe cómo se reguló inicialmente este mecanismo por decreto tras la promulgación de la Constitución Política de 1991 y luego se transformó en una figura de uso excepcional que la Corte Constitucional fue regulando por vía jurisprudencial al ir sentando los requisitos de procedibilidad mediante sentencias unificadoras y pronunciamientos de revisión de tutelas por parte de este tribunal encargado del control de constitucional de todas las decisiones celebradas en el ordenamiento jurídico que no garanticen la guarda de la constitución por violación de los derechos fundamentales. La Acción de Tutela contra providencias judiciales se erige como una acción de control constitucional, la cual garantiza que la misma autoridad judicial en sus decisiones no sea inmune a la protección y el respeto de los derechos fundamentales de los sujetos procesales.