La evolución de la legítima defensa en el derecho penal : un análisis comparativo (2024)
Este texto analiza cómo ha cambiado y evolucionado la idea de la legítima defensa en diferentes sistemas legales, subrayando su importancia tanto histórica como actual en el contexto del uso de la fuerza y la violencia. A lo largo del tiempo, la violencia ha estado presente, pero con el tiempo se han adoptado medidas, como la Carta de las Naciones Unidas de 1945, que buscan regular el uso de la fuerza, exigiendo que sea un recurso legal y no una herramienta política. La legítima defensa se presenta como una excepción en el uso de la violencia, aunque su interpretación varía mucho según la jurisdicción. El ensayo propone comparar sistemas legales, como el derecho civil y el common law, para entender los factores culturales y legales que han influido en esta evolución. A pesar de que el principio de defensa propia es común, su aplicación cambia de manera importante según el contexto, lo que puede afectar la protección del derecho a la defensa frente a la violencia. Se analiza el concepto de legítima defensa y sus bases legales, destacando la importancia de cumplir con requisitos como la proporcionalidad y la inminencia del ataque. Se señalan las diferencias entre el derecho civil, más formal y restrictivo, y el common law, que suele ser más flexible, mostrando ejemplos de su aplicación. El texto también examina cómo factores sociales y cambios en la percepción de la seguridad han influido en las leyes de legítima defensa. Mientras en EE. UU. se ha ampliado este derecho con doctrinas como "stand your ground", en Europa sigue siendo más restringido. Por último, se comentan los desafíos legales que enfrenta la legítima defensa, como el riesgo de criminalizar a las víctimas o la necesidad de regular mejor el uso de la fuerza policial. Se sugiere una nueva forma de entender la legítima defensa, que sea más equilibrada y acorde con la realidad actual, respetando tanto los derechos individuales como el papel del Estado en la seguridad pública. La conclusión enfatiza la importancia de encontrar un balance entre la protección de los individuos y la regulación estatal de la violencia, destacando que las normas deben ser flexibles y contextuales para hacer justicia en situaciones complejas.