Inconstitucionalidad de la Resolución IGAC No. 1092 de septiembre 20 de 2022 (2025)
La Resolución IGAC No. 1092, expedida el 20 de septiembre de 2022, ha encendido una discusión jurídica que no ha pasado desapercibida; y no es para menos, pues toca de lleno la manera en que se valoran las servidumbres legales en Colombia, un tema sensible por donde se le mire. Este trabajo nace justamente de la necesidad de revisar a fondo su legitimidad, contrastando su contenido con los principios que la Constitución defiende y que no deberían ponerse en duda: el respeto por la propiedad privada, el debido proceso, la justa indemnización y, cómo no, la proporcionalidad. El enfoque fue cualitativo; se indagó en normas, se cruzaron textos, se interpretaron decisiones judiciales y se trazaron conexiones que, al final, dejaron ver un patrón preocupante: la resolución omite criterios que resultan esenciales para garantizar una compensación razonable y justa a quienes se ven directamente afectados. Y esa omisión no es un detalle menor; significa, en la práctica, inclinar la balanza en favor de lo público sin medir del todo las consecuencias sobre lo privado. Por eso, más que una simple crítica, este análisis se convierte en una propuesta: hay maneras de lograr los fines de la norma sin pasar por encima de los derechos fundamentales; lo que hace falta, quizás, es voluntad para corregir el rumbo y asegurar que las reglas del juego sean claras, justas y constitucionalmente firmes. En conclusión, la Resolución IGAC No. 1092 requiere una revisión urgente, ya sea por parte del legislador o mediante control jurisdiccional, para asegurar su plena conformidad con el orden constitucional vigente.