La importancia del debido proceso en la contratación estatal en administraciones locales o municipales de Colombia
Basado y fundamentado en la ley 80 de 1993 y en el artículo 29 de la constitución política de 1991, dándole la importancia a lo que es el debido proceso en cualquier ámbito del derecho y no menos significativo en la contratación, utilizando este como elemento sustancial en la ejecución de un contrat...
- Autores:
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Peña García, Daniela
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2024
- Institución:
- Corporación Universitaria Remington
- Repositorio:
- Repositorio institucional Uniremington
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.uniremington.edu.co:123456789/4519
- Acceso en línea:
- https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/4519
- Palabra clave:
- Derecho
Contratación
Administración pública
Derecho
Contratación (Derecho laboral)
Administración pública
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
Summary: | Basado y fundamentado en la ley 80 de 1993 y en el artículo 29 de la constitución política de 1991, dándole la importancia a lo que es el debido proceso en cualquier ámbito del derecho y no menos significativo en la contratación, utilizando este como elemento sustancial en la ejecución de un contrato estatal. Es preciso iniciar mencionando la importancia de lo que es el debido proceso para la contratación pública, ya que este establece obligaciones para la administración en encaminar las actuaciones a los principios que orientan las funciones propias de estas, teniendo claro las especificaciones que están constatadas en el denominado Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, donde precisan reglas y principios que rigen los contratos de las entidades públicas. En las entidades y administraciones públicas se ha evidenciado vulnerabilidades e inconsistencias en el momento de efectuar contrataciones para el funcionamiento administrativo y operacional de las entidades públicas, violándose así el principio de transparencia como es mencionado en la ley 1150 de 2007. |
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