Análisis de la territorialidad del impuesto de industria y comercio en el sector de telecomunicaciones en Colombia (2024)
El ámbito de telecomunicaciones en Colombia, compuesto por servicios de telefonía móvil, internet y televisión, ha crecido sistemáticamente en las últimas décadas. Las empresas del sector, como Claro, Tigo y Movistar, están obligadas a pagar el Impuesto de Industria y Comercio (ICA), un impuesto municipal que varía según la ciudad en tarifas, beneficios y exenciones. Este tributo genera desafíos administrativos para las empresas que operan en múltiples ciudades debido a la falta de uniformidad en las tarifas y procesos. Ciudades como Bogotá y Medellín han implementado normativas específicas que afectan cómo estas empresas declaran y pagan el ICA, con tarifas entre 0.414% y 1.14% en Bogotá, y de 0.6% a 0.7% en Medellín. Entre 2020 y 2024, algunas ciudades acordaron sus tarifas. Por ejemplo, durante la pandemia de 2020, Bogotá redujo temporalmente las tarifas del ICA, pero las restauró en 2022. Medellín ha amplificado sutilmente las tarifas del sector telecomunicaciones entre 2022 y 2023. Ventajas para las empresas incluyen incentivos fiscales en ciudades como Bogotá y Medellín, pero enfrentan desventajas como la alta carga tributaria acumulativa, la variación de tarifas entre ciudades, y el aumento reciente de tarifas en algunos lugares. Para mitigar estas desventajas, las empresas pueden recurrir a la planificación fiscal eficiente, el uso de Tecnológica para la gestión de impuestos y el acuerdo con municipios para obtener incentivos. El ICA está regulado por normativas locales, como el Acuerdo 65 de 2002 en Bogotá y el Acuerdo 56 de 2018 en Medellín, con diferencias importantes en las tarifas y privilegios que las empresas pueden aprovechar. En conclusión, las compañías de telecomunicaciones en Colombia deben navegar una estructura fiscal compleja que varía entre municipios, lo que requiere una planificación cuidadosa para minimizar los impactos fiscales y gozar de los beneficios disponibles.