Desafíos en la implementación del SARLAFT 2.0 en la empresa de vigilancia y seguridad privada ABC SECURITY LTDA (2024)
La incorporación de Colombia a las recomendaciones internacionales estándar del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) representa un paso crucial para fortalecer su marco legal y regulatorio en la lucha contra el lavado de activos (LA), el financiamiento del terrorismo (FT) y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP). La Ley 1121 de 2006 es una medida legislativa significativa adoptada por Colombia para cumplir con los estándares internacionales establecidos en la lucha contra los riesgos mencionados. Además, la Ley 599 de 2000 aborda el lavado de activos e incluye disposiciones específicas relacionadas con el lavado de dinero y otras actividades ilícitas, junto con las sanciones correspondientes. Por último, la Ley 1475 de 2011 se centra en el financiamiento del terrorismo en Colombia y establece mecanismos para prevenir y sancionar el financiamiento de actividades terroristas. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SVSP), a la fecha, ha emitido varias circulares con el objetivo de establecer controles para mitigar los riesgos legales, operativos, reputacionales y de contagio asociados al ingreso y destino de recursos ilícitos en las actividades y operaciones realizadas por los servicios de vigilancia y seguridad privada. Estas circulares incluyen la Circular Externa No. 008 del 01 de marzo de 2011, la Circular Externa No. 465 del 02 de noviembre de 2017, la Circular Externa No. 045 del 08 de febrero de 2018 y la Circular Externa No. 245 del 14 de febrero de 2024, que deroga las circulares anteriores y sus anexos técnicos, así como cualquier disposición contraria. Además, con la Circular Externa No. 275 del 27 de febrero de 2024 se modifican los numerales 5.2.1; numeral 5.2.3.1. Numeral 7.1.2 y numeral 9.1. de la Circular Externa Nº 245 de 2024. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) también desempeñó un papel importante al expedir el CONPES 4042 de 2021, que establece directrices y políticas para la implementación de estrategias de prevención y lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo en el país.