El control judicial que ejerce la jurisdicción de lo contencioso administrativo sobre los actos administrativos disciplinarios (2016)
Las actos administrativos sancionatorios emitidos por los titulares de la acción disciplinaria regulada en la Ley 734 de 2002 tienen su génesis en la materialización de un proceso cuyo arraigo está en lo probatorio, inquisitivo y determinante, convirtiéndose en una de las manifestaciones más importantes del Ius Puniendi del Estado es su potestad disciplinaria, la cual tiene como propósito prevenir y sancionar aquellas conductas que atenten contra el cumplimiento de los deberes que se le atribuyen a los servidores públicos. Dicha labor disciplinaria, la encabeza la Procuraduría General de la Nación, cuyas decisiones dictadas por este ente de control son piezas sancionatorias directas del control de legalidad y constitucionalidad confiado al órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa, esto es, al Consejo de Estado, a través de su Sección Segunda. Por lo anteriormente expuesto, el presente artículo está encaminado en determinar en qué consiste y de qué manera se ejerce el control jurisdiccional de los actos administrativos de carácter disciplinario por parte del Consejo de Estado, quien en diversos pronunciamientos ha manifestado que los actos de control disciplinario adoptados por la Administración Pública y por la Procuraduría General de la Nación pueden ser revisados, modificados y hasta reemplazados por tratarse de actos administrativos.