De la ley al proyecto educativo institucional (PEI) “la marcha paquidérmica de una educación verdaderamente incluyente” (2014)
Colombia, Estado Social Democrático de Derecho, fundamenta su ordenamiento a través de leyes, normas y elementos jurídicos creados para garantizar la convivencia pacifica, incluyente y participativa de las personas, de quienes se espera, se ajusten a los tres preceptos anteriores en cumplimiento no solo de la ley, sino por la convicción, el sentido de pertenencia, y el sentido de responsabilidad desarrollado por el individuo en el permanente proceso de socializaciónal que se enfrenta a través de la educación y que le hacen, sujeto de derechos como de deberes. Uno de estos derechos es precisamente el derecho a la educación, ampliamente desarrollado no solo por las leyes nacionales sino por la legislación internacional, es aquí donde se identifica una oportunidad de mejora tanto en aplicabilidad legal, como en responsabilidad social y pago de una deuda moral al hablar de educación a población en condición de discapacidad, siendo el sector defensa uno de los mayores aportantes de personas en esta condición, a raíz del conflicto armado y las condiciones políticas, económicas y sociales que afectan la seguridad. No solo la Ley 30 de 1992 (por la cual se organiza el servicio púbico de la educación superior), así como las subsiguientes Ley 115 de 1994 (ley general de educación), hasta la reciente Ley 1618 del 27 de Febrero de 2013 en su artículo 11, disponen la inclusión a la educación como pleno ejercicio de los derechos vinculantes de las personas en condición de discapacidad, a través del cual y partiendo de la misionalidad de la Universidad Militar Nueva Granada se identifica la necesidad social universitaria de crear el programa académico-laboral para discapacitados puesto que en un escenario de postconflicto ello sería apoyo real al sector defensa además de ser pioneros en responsabilidad social universitaria al ser la primera ofertantes de un servicio de educación dirigido a una masa poblacional creciente y hasta hoy desatendida. 4 Así mismo se proyectaría como única institución donde los valores humanos, la justicia, la equidad, la integralidad y la responsabilidad social, pasarían de ser palabras, frases y oraciones a ser materialización de planes de vida que mediante la resignificación brindada a través de la educación superior originaria procesos tangibles de inclusión y reconocimiento. Surge para la Universidad Militar Nueva Granada el desafío de reformular la forma de interactuar con el sector defensa, mediante la evaluación y complementación del componente comunitario, pedagógico, curricular y administrativo de su Proyecto Educativo Institucional (PEI), ante las nuevas necesidades de un grupo poblacional que crece a diario (Art 73 – Ley 115/94) y sobre el cual el poder legislativo ya se pronunció, por lo que es deber de la Universidad Publica anticipar, proponer y desarrollar las soluciones que respondan a las necesidades sentidas por los cientos de discapacitados del sector defensa que seguramente ven en la educación superior una oportunidad personal, profesional y social a la que se debe dar cumplimiento no solo por los decretos y leyes sino por la moral y ética institucional en la que se eslabona la Ley al PEI.