Analisis del esquema normativo de pago por servicios ambientales y su aplicación en Colombia (2023)
El siguiente artículo describe la normatividad relacionada con el cumplimiento monetario por servicios ambientales (PSA) en Colombia y cómo esta ha permitido que dicho instrumento económico de gestión se convierta en una línea de conservación ambiental. Desde la constitución de 1991 el estado abordo el tema del derecho a un entorno saludable y desde allí se han construido, las demás normas que permiten que estos derechos se materialicen, particularmente para el pago por servicios ambientales, es la Ley 99 de 1993, quien abre el camino para que las entidades territoriales como municipalidades y departamentos establezcan no menos del 1 % de sus entradas económicas normales para adquirir y conservar zonas de relevancia estratégica para la perduración de recursos, posteriormente con la Ley 1450 de 2011, por medio de la cual se fija el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, se incorpora dentro de ese 1% el pago por servicios ambientales, seguido a esto mediante la Ley 1753 de 2015, del plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 alteró el artículo 108 de la Ley 99 de 1993, dejando de manera explícita, una vez se fija esto dentro de dicho Plan de Desarrollo se ajustan los documentos CONPES 3850 de 2015 con el fondo de Colombia en paz, como línea de inversión para los pagos por servicios ambientales que dicha inversión podía realizarse por concepto de PSA y el CONPES 3886 de 2017 que establece los lineamientos de los PSA, con lo que para ese año se crea el Decreto Ley 870 que acoge dichos lineamiento del último CONPES citado, hasta finalmente llegar al Decreto 1007 de 2018 mediante el cual se regula el PSA.