Obligaciones legales del primer respondiente dentro de la administración en la seguridad privada (2021)
Atendiendo la importancia de la seguridad en nuestro País debido a los grandes problemas que nos han venido acompañando a lo largo del siglo XX permeados hasta hoy, y los esfuerzos que han desarrollado los gobiernos de turno para evitar que el estado de tranquilidad de todos los habitantes dentro del territorio nacional sea protegido y salvaguardado por diferentes figuras jurídicas, tales como la Ley 61 y 62 de 1993 las cuales son normas que garantizan la reglamentación de armas, municiones y explosivos en los dos sectores, junto con el nacimiento de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, empiezan a satisfacer necesidades relevantes en materia de seguridad. Corolario con lo anterior, el Decreto 356 de 1994, el cual expide el estatuto de vigilancia y seguridad privada es promulgada con el propósito de colaborar en conjunto con la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y autoridades judiciales en general para permear el estado bienestar que está en cabeza del Estado colombiano. Igualmente, dentro de nuestro actual ordenamiento jurídico se ha introducido obligaciones en materia de seguridad nacional como lo son las correspondientes al primer respondiente o responsable hoy a cargo exclusivamente de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, quienes deben ejecutar previo al inicio de las investigaciones penales que realizan las autoridades a cargo, exigencia que debería ser introducida a todo el personal que tiene que ver con el estado de tranquilidad. Así las cosas, en el presente documento se busca introducir la obligación con la que cuenta el primer respondiente en la administración de la seguridad privada y su posible impacto frente a la inclusión de las recomendaciones dadas en el presente escrito, toda vez, que para nadie es desconocido la necesidad actual de la modificación normativa y cultural desarrollada por el agente de seguridad privada en la detección, retardo, mitigación o eliminación de actos delictivos dentro del lugar de trabajo, por cuanto esto constituye un gran aporte a las instituciones judiciales dentro de sus procesos.