Identificación de los principales factores que han influido en la calidad de la atención de salud del sistema general de seguridad social en salud en Colombia: un enfoque desde el régimen contributivo (2017)
La ley 100 de 1993, definió la reforma que dio lugar al Sistema General de Seguridad Social en Salud –SGSSS en Colombia y sentó las bases para la prestación de los servicios de salud a través de una red de instituciones privadas y públicas que compiten por el aseguramiento de la población, bajo la supervisión y regulación del Estado. Dicho esquema, conocido como competencia regulada, se caracteriza por vincular activamente a los agentes privados para la provisión de un servicio público esencial como es la atención en salud. El Sistema General de Seguridad Social en Salud colombiano, está dividido en dos regímenes. El primero, conocido como el régimen contributivo en el cual se enfoca esta investigación, vincula a los trabajadores formales, los trabajadores independientes, los pensionados y sus familias y, se financia con contribuciones de los empleadores y empleados. El segundo, denominado régimen subsidiado, vincula a la población pobre y vulnerable que ha sido previamente identificada por el Estado y se financia con el 1% de los aportes recaudados en el régimen contributivo y otras fuentes de ley. Sin embargo, desde la puesta en marcha de dicho Sistema, han aparecido factores endógenos y exógenos que no se tenían contemplados y que han influido en la calidad de la atención de la salud como: fallas de regulación, debilidad en control y vigilancia, insostenibilidad financiera, fallas en la calidad de los servicios asistenciales, corrupción y reputación, entre otros. En general, puede afirmarse que el Sistema General de Seguridad Social en Salud, creció considerablemente en menos de dos décadas, se hizo más complejo y surgieron muchos problemas que no fueron enfrentados o que recibieron soluciones parciales, tardías o inefectivas. Para subsanar dichos factores, se han expedido infinidad de leyes, decretos y resoluciones que aparentemente constituyen una respuesta a los problemas puntuales, pero que finalmente terminan produciendo una saturación reglamentaria que obscurece el campo jurídico, permite la fácil transgresión a la ley, crea incertidumbre e inseguridad jurídica, eleva los costos de transacción y aumenta los litigios y controversias, congestionando los despachos judiciales y los entes de control sin que se resuelvan oportunamente los casos.