Evaluacón e impacto del Decreto 3222 de 2002 Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana (RASCI) en Bogotá durante 2018-2024 (2024)
El Decreto 3222 de 2002 que aborda la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana (RASCI) ha sido esencial para la coordinación de la seguridad en Bogotá, organizando las responsabilidades de las instituciones encargadas de la prevención y control del crimen. Gracias a su implementación, ha permitido una mejor colaboración entre Empresas de Seguridad Privada, la Policía Nacional, la Secretaría de Seguridad Distrital y otras entidades locales, creando un enfoque más eficaz en la seguridad ciudadana. Sin embargo, al evaluar su impacto entre 2018 y 2024, surge una preocupante falta de actualización que limita su capacidad para enfrentar los nuevos desafíos criminales de la ciudad, como las modalidades de hurto, homicidios, violencia intrafamiliar y las nuevas formas de criminalidad urbana. Este vacío normativo también se refleja en las encuestas realizadas a la población civil, guardas de seguridad y policías, que representan a la sociedad, la seguridad privada y la seguridad pública. Los resultados muestran que, a pesar de la estabilidad generada por el RASCI en la organización de acciones preventivas y reactivas, la realidad social y criminal de Bogotá ha cambiado considerablemente, y el decreto no ha evolucionado para abordar estos nuevos retos. Además, persisten problemas como la desigualdad en la distribución de recursos y la limitada participación de la sociedad civil en las estrategias de seguridad, lo que afecta principalmente a las zonas más vulnerables. En estas áreas, la presencia de las autoridades sigue siendo insuficiente, deteriorando la percepción de seguridad y obstaculizando la implementación equitativa de las políticas. Aunque el RASCI ha mejorado la coordinación en la ciudad, es urgente una revisión del Decreto para adaptarlo a los nuevos contextos criminales y mejorar la cobertura y la participación en las zonas más necesitadas.