Análisis de la movilización de productos pesqueros registrados en el departamento del Magdalena durante el año 2009 (2012)
La administración de la actividad pesquera en Colombia, durante muchos años, ha experimentado una gran inestabilidad en materia institucional. En sus primeros pasos de regular y administrar los recursos naturales, el Estado en 1968 crea el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INDERENA); no obstante, su gestión se vio seriamente limitada por la carencia de los recursos financieros y su dependencia del Ministerio de Agricultura, cuya esencia radica fundamentalmente en el fomento del uso de los recursos naturales, el INDERENA no contó con la autonomía, jerarquía e independencia institucional requerida para aplicar normas y adelantar acciones para la conservación y protección de los recursos naturales. Más adelante, mediante la expedición de la Ley 13 de 1990 se crea en el contexto del “Estatuto General de Pesca”, el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INPA), al cual se le asignan las competencias sobre los recursos pesqueros del país, manteniendo el INDERENA el manejo de los demás recursos hidrobiológicos, pero este no gozó del respaldo institucional necesario y el Instituto fue liquidado en el año 2003. Posteriormente, a la liquidación del INPA, mediante el Decreto 1300 del 21 de mayo de 2003, se creó el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER y las funciones de ordenamiento e investigación que anteriormente cumplía el INPA, fueron transferidas a la Subgerencia de Pesca y Acuicultura del INCODER. La inestabilidad institucional del sector continuó manifestándose en el 2007, con la promulgación de la Ley 1152 de dicho año o Ley de Desarrollo Rural, mediante la cual se creó la Dirección de Pesca y Acuicultura dentro del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y la Subgerencia de Pesca y Acuicultura en el seno del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Sin embargo, la Corte Constitucional, según sentencia C-175 de marzo de 2009, declaró inexequible la Ley 1152 de 2007 debido, entre otras razones, a la no consulta a las comunidades indígenas y afrocolombianas, al desconocimiento de algunos aspectos de la carta política y al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Por ello, volvió a cobrar vigencia el decreto 1300 del 2003, que implicó la reasignación de las funciones de administración pesquera al INCODER. El último cambio institucional ha sido la creación de la Autoridad Nacional de Acuacultura y Pesca (AUNAP), mediante decreto 4181 de 2011, actualmente en proceso de conformación y definición de su planta de personal. Se espera que con el apoyo de universidades, centros de investigación con jurisdicción en los temas pesqueros y ambientales, y el papel de AUNAP, contribuya a restablecer la institucionalidad pesquera en un sector económico que actualmente se encuentra en su condición más crítica. El presente trabajo se enmarca en el desarrollo de las prácticas profesionales extendidas, realizadas en el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, con el objeto de analizar la movilización de los productos pesqueros provenientes de la pesca artesanal marina y continental, que fuera registrada en la Oficina de Pesca y Acuicultura, Seccional Magdalena, durante el 2009.