Entre el garantismo y la impunidad. “Análisis de las sanciones aplicables en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en Colombia” (2024)
La delincuencia juvenil es una problemática universal que se extiende desde los rincones más alejados de la ciudad industrializada hasta la periferia de las grandes ciudades y que no obedece a condiciones económicas, dándose en jóvenes de todas las clases sociales sin discriminación (Jiménez Ornelas, 2005, 236). En Colombia con la ley 1098 del 2006, se reconoce al adolescente como infractor de la ley penal, quien además goza de los mismos derechos y garantías penales y procesales de los adultos en el sistema penal ordinario; de tal manera, que el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, en adelante SRPA, se ha distinguido en los últimos años, desde la perspectiva ciudadana, por cumplir con una función absolutoria y que otorga penas pedagógicas, buscando categorizar las penas con el fin de la resocialización del menor infractor, que por lo general, es reincidente (Reyes Villalba, 2015). Dicha ley reconoce al adolescente garantías constitucionales y del Convenio sobre los Derechos del Niño de 1989; a su vez, las situaciones sociales que se presentan en el entorno de los jóvenes son uno de los mayores retos, dado que las condiciones de vida de muchos de ellos motivan no sólo las decisiones absolutorias que toman los jueces, sino también, el motor que genera la práctica delictiva, siendo algunos de estas condiciones la violencia intrafamiliar, escasez de recursos económicos, ausencia de figuras paternas, así como drogas, entre otras (Jiménez Ornelas, 2005, 219, 227). Por otro lado, Parra Macias en su trabajo para optar por el título de Magíster en Derecho Penal, permite entender que el gobierno colombiano junto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que es la entidad encargada de supervisar durante el proceso que se lleve contra un adolescente la no vulneración de ningún derecho fundamental, además, a través de diferentes alternativas buscan realizar un proceso educativo que permita la resocialización del adolescente, mediante el cambio de su forma de pensar evitando así que este vuelva a reincidir (Parra Macías, 2015). Para otros autores a través de la ley 1098 del 2006 el Estado reglamentó y describió las características de los diferentes tipos de sanciones aplicables a los adolescentes entre estas encontramos el internamiento preventivo, internamiento en centros especializados, amonestaciones, reglas de conducta, prestaciones de servicios a la comunidad, libertad vigilada y asistida, internamiento semi cerrado, estas las explicare de manera más detallada más adelante (Serrano Gelvez & Alfonso Beltrán, 2013). El SRPA en Colombia ha buscado implementar diversas medidas con un enfoque socioeducativo, reservando la privación de la libertad del menor como último recurso, sin embargo, los líderes de organizaciones criminales en Colombia han capitalizado esta situación en su beneficio, eligiendo reclutar a menores e inducirlos al mundo del crimen, forzándoles y doblegándoles bajo la influencia de dichas organizaciones, enmarcado en un contexto donde el crimen es una presencia cotidiana, y estos niños han crecido presenciando la violencia como algo común, lo que resulta en la pérdida de sus esperanzas (Parra Macías, 2015, 76-78). Esta instrumentalización del menor infractor, acompañado de la reincidencia y el manto de impunidad que es sostenido por el SRPA evidencia una verdadera problemática en la efectividad de la Ley 1098 de 2006, que requiere analizar detenidamente las medidas correctivas que incluye esta legislación, con miras a establecer cuáles serían los cambios que requiere y de esta forma, contrarrestar la delincuencia juvenil puesto que las medidas pedagógicas implementadas por el legislativo son insuficientes para frenar el aumento desmesurado de las prácticas delincuenciales juveniles (Montoya Martínez, 2021, 5). De tal forma, que el deficiente control social y familiar que expone las grandes inexactitudes que concurren alrededor de las familias colombianas, y la carencia de educación en las instituciones públicas, está generando un incremento alarmante de la delincuencia juvenil, y corresponde realizar un análisis que permita establecer si las sanciones impuestas a los adolescentes dentro del SRPA son consecuentes y capitalizan el sentir del legislativo al crearla o simplemente si su finalidad protectora, educativa y restaurativa quedó en un simple sueño y por el contrario, facilitó la impunidad y la reincidencia.