Aplicación del derecho de consumo en la prestación de servicios de salud (2022)
Tanto el derecho a la salud como los derechos del consumidor forman parte de los llamados derechos humanos, que en Colombia adquieren la categoría de fundamentales. Bajo esa rúbrica y a partir de la descentralización de la prestación de servicios de salud, la relación salud y consumo es innegable. La entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 transformó, no solamente el sistema de salud colombiano sino también la relación del paciente con su médico, a una que se conoce como usuario/prestador. Aunque las posturas más conservadoras se niegan a ubicar la actividad médica en el mismo escenario del acto de consumo, es indiscutible que la prestación de los servicios de salud comporta actos de consumo, en virtud de la estructura del sistema en que se desenvuelven. Dada la evidente asimetría entre el usuario y el prestador de la salud y las crecientes debilidades del sistema, coexisten variados mecanismos de protección del ciudadano, entre los que se destacan la petición y la acción de tutela, cuya elevada utilización refleja la mercantilización del servicio de salud, en perjuicio del usuario final o “cliente”. Por ello cabe preguntarse si el Estatuto del consumidor es aplicable a la prestación de servicios de salud a pesar de su naturaleza residual y supletiva, escollo salvado en otros países, como Chile o Francia, a partir de la redacción del ámbito de aplicación de dicho Estatuto, dejando de lado el acto propiamente médico para el ámbito de la responsabilidad civil, porque deriva de una profesión liberal.