Control judicial efectivo contra la sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad a servidores públicos elegidos por votación popular

La PGN en Colombia es la entidad administrativa encargada de imponer sanción disciplinaria contra servidores públicos de elección popular, con la posibilidad de acudir al juez contencioso administrativo para controlar su legalidad, facultad confirmada en la Ley 1952 de 2019 que entrará en vigor el 01/07/2021. No obstante, la Corte IDH en el caso Petro Urrego vs. Colombia, acogiendo la protección de derechos políticos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ordenó adecuar el ordenamiento jurídico de forma tal que los funcionarios de?elección popular no puedan ser destituidos ni inhabilitados por autoridades?administrativas (Corte IDH, 2020, p. 62). Por ello conviene preguntarse: ¿Cual alternativa puede implementarse para fortalecer el derecho disciplinario, garantizando un control judicial efectivo para la protección a los derechos políticos de los servidores públicos de elección popular, cumpliendo lo ordenado por la Corte IDH? Este trabajo demostrará que la implementación de una reforma constitucional y legal para establecer un mecanismo de control judicial automático, coetáneo y oficioso, tal como se propone en el producto practico, es una alternativa de control judicial efectivo contra la sanción de destitución e inhabilidad, se ajusta a la orden de Corte IDH y no afecta desproporcionadamente mecanismos de lucha contra la corrupción.

• Autores: Lizarazo Sierra, Julián Alfonso
• Fecha de publicación: 2021
• Institución: Universidad de los Andes
• Repositorio: Séneca: repositorio Uniandes
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/53007
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/1992/53007
• Palabra clave: Funcionarios públicos; Proceso disciplinario; Sanciones administrativas; Derecho administrativo; Derecho
• Rights: openAccess
• License: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional