Bancarrota y mecanismos de salida en Colombia (2005)
La literatura reciente se ha centrado en evaluar los efectos económicos de las leyes de bancarrota. Aunque esta literatura establece que estas leyes deben corresponder a las características económicas de cada país, en general ellas deberían basarse en algunos criterios económicos que permitan decidir si una firma tiene que ser reestructurada o liquidada. Las leyes de bancarrota deben ser reglas de negociación transparentes y consistentes que balanceen los derechos de acreedores y deudores, lo mismo que deben hacer que los procesos sean más fáciles y con el menor consumo de tiempo posible, con el fin de preservar el valor económico de las firmas con problemas financieros. Este documento evalúa la Ley 550 de 1999. Con base en información de los procesos jurídicos de 50 firmas en acuerdos de reestructuración y 10 en proceso de liquidación, se analiza sus procesos de negociación para mostrar las principales fortalezas y debilidades de la ley. Se encontró que la Ley 550 ha mejorado el sistema de bancarrota de Colombia haciendo los procesos de reestructuración más flexibles y con menos consumo de tiempo. Adicionalmente, esta ley mejoró la calidad de la administración de las firmas con la introducción del Código de Conducta Empresarial. Sin embargo, las debilidades de esta ley son que no se contempla ninguna condición de eficiencia ex-post y que es una ley orientada a incentivar la reestructuración sobre la liquidación: no da ninguna prioridad explicita para el orden de pago a los acreedores y da poder de veto a grupos minoritarios interesados en lograr acuerdos de reestructuración. Además, es una ley orientada al deudor puesto que elimina las sanciones a propietarios y administradores responsables por la bancarrota de la firma. Inicialmente, la Ley 550 se estableció como una solución temporal a ser reformada al final de 2004. Con la Ley 922 de 2004, el Congreso le dio una prorroga de dos años, e incluyó en su alcance a universidades estatales, pero no hizo reformas de fondo al mecanismo. En consecuencia, es necesario pensar en una nueva ley que debería enfocarse en mejorar la eficiencia ex-ante y ex-post de los procesos de bancarrota.