Disposición a pagar por una política de regulación de los usos ecoturísticos en el municipio de Villa de Leyva, Colombia

Villa de Leyva es parte de los diecisiete municipios que pertenecen a la Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia. Su importancia turística ha sido reconocida primordialmente por su legado histórico y paleontológico. Sin embargo, este territorio posee una gran variedad paisajística y un conju...

Full description

Autores:
Hernández Galindo, Luz Amanda
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2017
Institución:
Universidad de los Andes
Repositorio:
Séneca: repositorio Uniandes
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/39444
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/1992/39444
Palabra clave:
Turismo ecológico
Valoración contingente
Economía
Rights
openAccess
License
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Description
Summary:Villa de Leyva es parte de los diecisiete municipios que pertenecen a la Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia. Su importancia turística ha sido reconocida primordialmente por su legado histórico y paleontológico. Sin embargo, este territorio posee una gran variedad paisajística y un conjunto de ecosistemas como: bosques de niebla, cañones profundos, zonas desérticas, etc. Es evidente el potencial ecoturístico de estos lugares, pero la mayoría de los turistas y habitantes del municipio hacen un mal uso de estos territorios o simplemente desconocen su existencia. Dado esto, surge la necesidad de una política de regulación que modifique los usos de estos lugares con el fin de aprovechar al máximo su potencial ecoturístico. Como respuesta a esta necesidad, se quiere hallar la disposición a pagar de los habitantes del municipio por esta medida de regulación y/o promoción. Con el fin de calcular esta disposición a pagar se utiliza la metodología de valoración contingente con preferencias declaradas. Luego de plantear el modelo y llevar a cabo la regresión logit se encontró una disposición a pagar en promedio aproximadamente de seis mil quinientos pesos mensuales por persona, lo que se traduce en setenta y ocho mil pesos anuales, para llevar a cabo la política.