Instrumentos de atención de la población desplazada en Colombia : una distribución desigual de las responsabilidades municipales

La población desplazada en Colombia asciende a cerca de 1.8 millones de personas y equivale al 4.3 por ciento de la población. La legislación colombiana para la población desplazada ha generado responsabilidades diferenciadas entre los gobiernos nacionales y locales. La responsabilidad administrativ...

Full description

Autores:
Ibáñez Londoño, Ana María
Vélez Echavarría, Carlos Eduardo
Tipo de recurso:
Work document
Fecha de publicación:
2003
Institución:
Universidad de los Andes
Repositorio:
Séneca: repositorio Uniandes
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/8658
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/1992/8658
Palabra clave:
Desplazamiento forzoso
Finanzas públicas
Asistencia a población vulnerable
Desplazamiento forzado - Aspectos sociales - Colombia
Desplazamiento forzado - Asistencia pública - Colombia
Desplazamiento forzado - Aspectos económicos - Colombia
H59, R23, R51
Rights
openAccess
License
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Description
Summary:La población desplazada en Colombia asciende a cerca de 1.8 millones de personas y equivale al 4.3 por ciento de la población. La legislación colombiana para la población desplazada ha generado responsabilidades diferenciadas entre los gobiernos nacionales y locales. La responsabilidad administrativa, y no necesariamente financiera, de provisión de atención a la población desplazada recae sobre los municipios quienes enfrentan un reto importante debido su carácter multisectorial. Nuestros resultados muestran que la distribución geográfica de la población desplazada no refleja la presión de la demanda por atención en cada municipio colombiano. Aunque las grandes ciudades absorben los mayores flujos de desplazados, la evidencia sugiere que las ciudades intermedias y pequeñas sufren presiones superiores. Los recursos de estas ciudades son, por lo general, insuficientes para cubrir la demanda de su propia población por servicios sociales básicos. El Gobierno Nacional debería ofrecer respaldo financiero e institucional a los municipios con una presión grave por los flujos de población desplazada.