Evaluación de la Gestión, eficiencia y finanzas de las altas cortes colombianas. Documento Consejo de Estado (2001)
A partir de 1991 el Consejo Superior de la Judicatura asumió la función de administrador y ejecutor de los recursos asignados a la justicia. A pesar de esto, la autonomía presupuestal de la rama judicial sigue siendo relativa, dependiendo en gran parte de decisiones del Ejecutivo y el Legislativo. La producción jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional supera en amplio margen aquella de otros tribunales que ostentan competencias similares. Lo anterior se deriva no sólo de la eficiencia de éstas máximas instancias, sino de la creciente demanda que deben atender. La misma se compone no sólo de aquellos asuntos que son competencia exclusiva de cada una de estas corporaciones, sino de las denominadas acciones constitucionales. Dentro de éstas, la acción de tutela se ha convertido en una de las mayores causas de congestión de los despachos judiciales de mayor y menor jerarquía, y su uso desmedido por parte de los ciudadanos plantea una dificultad significativa para el correcto funcionamiento de los mismos. Este estudio explora la problemática descrita, y formula propuestas y recomendaciones tendientes a reformar la estructura de las Altas Cortes, a racionalizar el uso de acciones y recursos que pueden ser interpuestos ante éstas, y a establecer una mayor independencia presupuestal e institucional de la rama judicial.